Casa del horror en Mendoza: rescatan a mujeres sordas que eran explotadas sexualmente e investigan una trama de engaños con promesas de trabajo
Desde la calle parecía una casa más. Tenía un pequeño kiosco, vecinos que pasaban a comprar y el movimiento habitual de cualquier barrio. Pero detrás de esas paredes, en una tranquila localidad rural del este de Mendoza, habría funcionado una organización dedicada a captar mujeres hipoacúsicas, alejarlas de sus familias y someterlas a explotación sexual.
La historia comenzó a conocerse el domingo 18 de octubre, cuando una denuncia llevó a las autoridades hasta una vivienda del barrio Río Tunuyán, en Rivadavia, a unos 60 kilómetros de la capital mendocina. Allí encontraron a ocho personas con discapacidad auditiva.
Dos mujeres, procedentes de Buenos Aires, ya fueron identificadas como víctimas de trata. Otras situaciones siguen bajo investigación.
El caso dejó cinco personas detenidas, tres mujeres y dos hombres, también con discapacidad auditiva.
Una de las pistas más importantes surgió del relato de una mujer de 36 años, oriunda de Rosario, que había viajado a Mendoza en 2024 atraída por una supuesta oportunidad laboral.
Según el testimonio difundido por medios locales, aquella promesa terminó convirtiéndose en una experiencia de sometimiento. La mujer habría perdido el control de su teléfono, de sus tarjetas y de su dinero. Durante meses, su familia intentó encontrarla.
En 2025, la primera denunciante logró regresar a Rosario con ayuda económica de su abuela, que llevaba un año buscándola. Su relato permitió conocer una modalidad que ahora se investiga: personas que se comunicaban mediante lengua de señas y ofrecían empleos a mujeres sordas a través de internet.
Las ofertas habrían circulado mediante videos y transmisiones en vivo. El uso de la lengua de señas facilitaba el contacto con las destinatarias y podía generar confianza. La sospecha es que, una vez lejos de sus hogares, algunas mujeres terminaban bajo el control de otras personas, sin poder decidir dónde vivir ni cómo regresar.
La investigación intenta establecer si existía una organización que trasladaba mujeres entre distintas ciudades de Mendoza y San Juan. También se busca determinar cuántas personas pudieron haber atravesado situaciones similares.
La sospecha de los vecinos
En el barrio Río Tunuyán, algunos vecinos admitieron que desde hacía tiempo observaban movimientos que les resultaban difíciles de explicar.
Una mujer que vive cerca de la propiedad contó a noticiero Andino que se trataba de una vivienda pequeña, con dos habitaciones y cocina-comedor. Uno de los cuartos estaba destinado al kiosco. Según su estimación, en el espacio restante podían convivir hasta 14 personas.
También le llamaba la atención la llegada de mujeres de distintas edades, que permanecían un tiempo en la casa y después dejaban de aparecer por el barrio.
La vecina recordó, además, el caso de una madre cuyo hijo asistía a la escuela con el suyo. La mujer cambiaba constantemente de número telefónico, no participaba de las reuniones escolares y resultaba difícil comunicarse con ella.
Otros vecinos contaron que el kiosco funcionaba hasta altas horas de la noche. Había un movimiento frecuente de personas y situaciones sospechosas.
Un llamado al 911 desde otra provincia fue la primera señal de alerta a la Policía. El mensaje decía que la mujer había sido trasladada desde Buenos Aires hasta Mendoza y obligada a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.
La vivienda señalada estaba en la esquina de Liniers y 28 de Mayo, en Rivadavia. El domingo pasado, cuando las autoridades llegaron para un allanamiento, encontraron a ocho personas sordas o con dificultades auditivas.
Todas fueron trasladadas para recibir atención médica y ser entrevistadas con asistencia de intérpretes de lengua de señas. Esa ayuda resultó fundamental para conocer sus historias y determinar en qué condiciones vivían.
Hasta el momento, la Justicia mendocina identificó a dos mujeres como víctimas de trata con fines de explotación sexual. La investigación continúa para establecer si hubo otras personas afectadas y cuál fue la participación de cada sospechoso.
Además, tres menores de edad quedaron bajo la intervención de equipos especializados de protección.
Entre las cinco personas detenidas habría una mujer señalada como posible responsable de la organización. La causa pasó a manos de la Justicia Federal, encargada de investigar los delitos de trata de personas.
En la localidad agrícola de Rivadavia todavía hay muchas preguntas sin respuesta. La Justicia deberá determinar desde cuándo funcionaba la presunta organización, cuántas mujeres pasaron por esa vivienda y si existían otras casas relacionadas con el mismo grupo.
Fuente: www.clarin.com
